El DS 101-2020-PCM publicado este 4 de junio, dispone la aprobación e implementación de la Fase 2 de laReanudación de Actividades Económicas en el marco de la Emergencia Nacional, y entre previsto para la Fase 4.
Llama poderosamente la atención que la elaboración de productos de tabaco sea considerada una actividad económica esencial y prioritaria a reactivar, antes de que muchas otras, lo que evidencia que los lobbys de la industria no se detienen ni en época de pandemia.
Casi todos los cigarrillos que se consumen en nuestro país son importados de Chile y los países de la Comunidad andina de Naciones. Paralelamente existe una pequeña industria nacional en San Martín que cultiva y exporta hojas de tabaco: entre enero y octubre del 2019, un par de empresas exportaron poco más de dos toneladas de tabaco por un valor FOB de apenas US$ 925.133*; también existe una empresa que se dedica a la elaboración de puros y puritos que son vendidos al mercado local e internacional.
Vistas las cifras y desde una perspectiva puramente económica, nos preguntamos: ¿por qué la urgencia de priorizar la reactivación de la elaboración de productos de tabaco, actividad que no tiene ninguna relevancia en nuestro PBI, al punto de adelantarla de la Fase 4 a la Fase 2?
Por otro lado, la expresión de motivos del DS señala que, “la implementación de la estrategia de reanudación de las actividades económicas del país debe mantener como referencia la protección de la salud pública (…) minimizando el riesgo que representa la epidemia del COVID-19 para la salud de la población y evitando que las capacidades del Sistema Nacional de Salud puedan verse desbordadas”.
En ese sentido, nos preguntamos: ¿cómo la elaboración de productos de tabaco puede coadyuvar a proteger la salud pública? Consideramos que, desde la perspectiva sanitaria, no existe una respuesta que sea aceptable.
La condición de fumador representa un peligro para quienes se contagien del COVID-19 porque su sistema respiratorio está afectado y sus defensas inmunológicas disminuidas. Fumar y recibir humo de tabaco es tan riesgoso como no usar mascarilla, no mantener el distanciamiento social y no lavarse las manos.
Más de 16,000 peruanos mueren al año por tabaquismo y el Estado gasta más de dos mil quinientos millones de soles en atenderlos, dinero que hace más falta que nunca y que podría ser destinado a aliviar los costos sanitarios del país.
La lucha contra el tabaquismo es una obligación legal, moral y ética del Estado para proteger la salud de los peruanos; el perjuicio económico y su impacto en el sistema de salud afecta seriamente la laucha contra el coronavirus. Promover la industria del tabaco, y más aún en estas épocas, es un despropósito.
En lugar de autorizar la pronta reactivación de la elaboración de productos de tabaco, el gobierno debe proponer y establecer rápidamente mediad legislativas para desincentivar la producción, importación, comercialización, publicidad y consumo de los productos de tabaco, y promover la sustitución de cultivos de la hoja de tabaco.
Con ocasión del 31 de Mayo, Día Mundial sin Tabaco, el Ministerio de Salud ha advertido sobre los daños que produce el tabaquismo en el marco del COVID 19 y ha exhortado a la población a no fumar. Autorizar prioritariamente la elaboración de un producto y aconsejar que no se consuma porque es peligroso, es por lo menos, incoherente.
Urge establecer un protocolo contra la interferencia de la industria tabacalera, tal como lo dispone el Convenio Marco para el Control de Tabaco, porque queda claro que la industria no descansa y sigue interviniendo en las políticas públicas para lucrar a costa de la salud de nuestros ciudadanos, incluso en medio de esta terrible pandemia.
*Agencia Agraria de Noticias, noviembre del 2019.
