En apenas cinco años, las importaciones de vapeadores y sus recargas se sextuplicaron en el país: de USD 1,3 millones, en 2019, pasaron a más de USD 7,9 millones, el año pasado. Aunque los cigarrillos electrónicos son dañinos para la salud, el Perú no ha implementado un impuesto para desincentivar su uso, como recomienda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esto implica que se deja de recaudar más de S/8 millones al año.
on sabores que pueden imitar al de una gaseosa o una golosina, diseños de colores vibrantes y fragancias diseñadas en laboratorios, los vapeadores se han impuesto como los productos con nicotina más consumidos por los jóvenes en América Latina. En Perú, solo en los últimos cinco años (2019 – 2023) la importación de estos dispositivos y sus recargas creció 480%, de acuerdo a un análisis de OjoPúblico.
Aunque se suelen publicitar como menos dañinos que los cigarrillos tradicionales, los vapeadores tienen compuestos cancerígenos y metales pesados. La evidencia científica señala que estos productos pueden agravar problemas de salud, como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o provocar lesiones pulmonares, no solo de quienes lo usan sino también de las personas de alrededor.
Por eso, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomienda que, si los países no prohíben su venta, prioricen la implementación de impuestos para desincentivar su consumo. Pese a eso, Perú no les aplica ningún gravamen.
Esto, de acuerdo a una estimación de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), implica una pérdida de recaudación de S/8,3 millones al año en impuesto selectivo al consumo (ISC) —tasa aplicada para desalentar la adquisición de productos dañinos para la salud y el medio ambiente— solo en las soluciones líquidas de cigarrillos electrónicos.
El pasado 12 de noviembre, el Ejecutivo promulgó una ley que prohíbe la venta de cigarrillos electrónicos a menores de edad y vapear en lugares públicos. La norma también impide que estos productos utilicen nombres de golosinas o postres, como estrategia comercial.
Diversos especialistas señalan que, si bien implica un avance en cuanto a la comercialización y la publicidad, la norma es insuficiente por carecer de un componente tributario. Aunque el Congreso tiene al menos dos proyectos de ley de este tipo en evaluación, ninguno ha prosperado en dos años.
“[Por presiones de la industria] no avanzan este tipo de regulaciones [en el Congreso]. Desde el periodo de [Pedro Pablo Kuczynski], hay una representación conservadora muy grande, contraria a todos estos temas relacionados [con la regulación] del tabaco, el alcohol, alimentos y otros”, dice el exministro de Salud Óscar Ugarte Ubilluz.
Mariona Mas Montserrat, asesora de política fiscal de la OCDE, señala, por su parte, que “no es coherente” gravar a los cigarrillos tradicionales —algo que ocurre en Perú, al menos, desde 1999— y no hacerlo con los vapeadores o cigarrillos electrónicos.
“Lo que observamos, en muchos países, es que la venta de estos productos está prohibida y, por lo tanto, es razonable que no exista un impuesto. El problema en Perú es que ni están prohibidos ni se los grava”, explicó a OjoPúblico.
Solo dos países de América Latina y el Caribe gravan los cigarrillos electrónicos, según OCDE
Diez países de la región no aplican un impuesto selectivo a los vapeadores, entre ellos Perú. Mientras que ocho prohíben completamente sus comercialización.
Siete de 19 países evaluados por la OCDE en América Latina y el Caribe tienen prohibida la venta de vapeadores: Argentina, Brasil, México, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela. Surinam —no incluido en dicho análisis— también tiene prohibida la venta de estos productos, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Otras dos naciones, aunque permiten la venta de dichos dispositivos, les aplican un impuesto: Costa Rica y Ecuador. En las 10 restantes —grupo integrado por Perú—, en cambio, la comercialización no está prohibida ni gravada.
El peso de la industria
El debate respecto a la regulación comercial, publicitaria e impositiva de los vapeadores no es reciente: desde la instalación del actual Congreso, se presentaron, al menos, ocho proyectos de ley vinculados a estos temas.
Seis de ellos —cinco sobre regulación comercial y publicitaria, y uno más que, inicialmente, planteaba la aplicación de un impuesto— se acumularon en un dictamen aprobado por el Pleno del Congreso. El mismo excluyó la incorporación del gravamen y, por lo tanto, también la norma promulgada por el Ejecutivo, el pasado 12 de noviembre.
A este descarte se suma el de otras propuestas planteadas en el dictamen original, como la implementación de un empaque neutro y prohibir el uso de saborizantes y aromatizantes para productos de tabaco, nicotina y similares. Esta decisión coincide con dos opiniones recibidas durante el análisis de las comisiones de Salud y de Defensa del Consumidor del Legislativo.
Una de ellas, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), señaló que no era viable incorporar lineamientos que no se ajustan a compromisos internacionales de Perú, como el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) y la decisión 827 de la Comunidad Andina.
Los cigarrillos electrónicos deben ser gravados porque generan morbilidad y mortalidad”, dijo Flavia Radovic Ragonesi, presidenta de Colat.
La Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham) también se mostró en contra del empaque neutro. En otras palabras, rechazó la utilización de colores y tipografías estándares, sin imágenes o mensajes adicionales para dichos productos.
“[Estas medidas] no contribuirán a atender las problemáticas que la iniciativa legislativa busca atender [sic], solicitamos se evalúan medidas menos restrictivas y con eficacia demostrada”, alegaron.
Flavia Radovic Ragonesi, presidenta de la Comisión Nacional de Lucha Antitabáquica (Colat), reconoce que, tras 14 años, la actualización normativa implica un avance. Sin embargo, a su criterio, es insuficiente.
“El impuesto selectivo no está contemplado en la ley y debería aplicarse a los cigarrillos electrónicos que no tienen este gravamen (…), por ser un producto que no le aporta nada a la sociedad y, más bien, le resta porque genera morbilidad y mortalidad”, dijo a este medio.
Pese a los reparos, la norma también hace referencia a la interacción entre autoridades públicas y funcionarios de la industria tabacalera: los encuentros entre estos actores, señala, deben ser públicos y transparentes. Además, prohíbe que la industria intervenga en la implementación o creación de políticas y normas relacionadas con el control del consumo de tabaco, nicotina y otros similares.
Radovic Ragonesi advierte que, si se trata de algo declarativo, “no va a servir de nada”. Por eso, agregó, es necesario que el reglamento de la ley establezca sanciones, multas, y pautas claras. Para ella, estas reuniones no deberían existir. “Está comprobado y aceptado que es una industria que atenta contra la salud de las personas”, remarcó.
Perú, con 15 puntos, es el tercer país con mayor participación de la industria tabacalera en la elaboración de políticas públicas, de acuerdo al Índice de la Interferencia de la Industria Tabacalera 2023. Esto incluye tanto el impulso de normas beneficiosas para la industria como el retraso de otras que buscan controlar el consumo de tabaco. La injerencia ha ido en aumento en los últimos años: en 2020, Perú tenía un puntaje de 4 y, un año más tarde, llegó a 11.
El debate relegado por el impuesto selectivo al consumo
Además de los seis proyectos que dieron origen a la reciente norma, el actual Congreso ha impulsado otras dos propuestas que buscan gravar a los vapeadores. A más de dos años de su ingreso, ambas están en análisis por parte de la Comisión de Economía.
La primera de ellas fue presentada por Juan Carlos Mori Celis (Acción Popular). Esta plantea la creación de una tasa de entre 4% y 7% por cada mililitro de las soluciones líquidas empleadas en los cigarrillos electrónicos, y otras medidas para desincentivar el consumo.
La otra iniciativa fue ingresada por Martha Moyano Delgado (Fuerza Popular). A diferencia de la anterior, esta se centra exclusivamente en la creación de un gravamen de entre 1% y 10% por unidad.
Aunque las dos aseguran que los vapeadores son hasta 95% menos nocivos que los cigarrillos tradicionales —lo que no está comprobado científicamente—, reconocen que es necesario implementar un impuesto en sintonía con la tendencia global.
El Ministerio de Economía explicó que la evidencia científica señala que los vapeadores son nocivos para la salud tengan o no nicotina».
Al ser consultado por la Comisión de Economía, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aclaró este punto: los cigarrillos electrónicos, también denominados como Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) y Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), son nocivos para la salud, especialmente para los jóvenes, tengan o no presencia de nicotina.
En esta línea, explicó que un comité científico de la Unión Europea concluyó que estos productos dañan al sistema respiratorio y podrían tener efectos nocivos en el sistema cardiovascular. Además, de acuerdo a la evidencia, exponen a sus usuarios a riesgos por envenenamiento y lesiones por explosiones y quemaduras.
Teniendo en cuenta esto y que las propuestas se alinean a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el MEF se mostró de acuerdo con la incorporación del gravamen. Sin embargo, indicó que las tasas propuestas eran “limitadas, insuficientes y harían la aplicación del ISC a las soluciones líquidas poco efectivas”.
Por eso, recomendó una tasa mínima de 20% y una máxima de 100%. Considerando el ISC máximo tanto para las importaciones como para el monto neto de ventas en el país, según estimaciones de Sunat elaboradas a pedido del MEF, Perú recaudaría más de S/8,3 millones cada año.
Del lado opuesto, la Asociación Peruana de Vapeadores (Asovape) envió una opinión al Congreso en la que señaló que estaban de acuerdo con la regulación de los dispositivos. Sin embargo, argumentaron que las tasas del impuesto debían ser “bajas”.
Si bien Asovape se identifica como una organización de consumidores, registra su domicilio fiscal en un local de Surco donde funciona una tienda de vaporizadores. Su presidente, Jorge Palma Vásquez, también está registrado en Sunat como gerente general de la importadora Vape Nation S.A.C., como reveló un informe de Salud con Lupa.
A estas dos propuestas impulsadas desde el Congreso se añade una más, presentada por el Ejecutivo en 2021, en el marco de una solicitud de facultades para legislar en materia tributaria en varios sectores.
Inicialmente, esta planteaba que las soluciones líquidas de los vapeadores estén en el ámbito de aplicación del ISC. Sin embargo, durante su evaluación en comisiones, la mención al tema fue retirada y, por tanto, no aparece en la versión de la norma aprobada.
El exministro de Salud Hernando Cevallos Flores advierte que no es la primera vez que la labor legislativa se decanta en favor de la industria tabacalera. “El poder de estas empresas es muy grande”, dijo.
A su criterio, es necesario que estos productos sean gravados con el ISC. Y esto, dice, debe ser complementado con una labor más activa del sector salud para informar y concientizar a la población sobre los riesgos que implican los cigarrillos electrónicos, con un enfoque en la población joven.
Fuente: Ojo Público
https://ojo-publico.com/5431/el-peru-pierde-mas-s8-millones-por-falta-impuesto-vapeadores